Segundo reportaje de la serie.

Durante las pasadas dos décadas, las ejecutorias ambientales de AES Puerto Rico han demostrado que la empresa necesita más control y supervisión en el manejo de sus cenizas de carbón, no menos.

Aun así, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por siglas en inglés) está a punto de dar la espalda a esa experiencia, impulsando una ola de cambios reglamentarios que desmontarían las pocas barreras que han impedido a la carbonera contaminar más al país y a los ciudadanos conocer la gravedad de ese daño.

Según un aviso de la agencia y el Federal Register, la EPA propone que se permita más plomo, litio, molibdeno y cobalto en el agua subterránea de las plantas de carbón, lo que en la práctica normalizaría concentraciones mucho más altas de metales pesados en los acuíferos, sin que la agencia se vea obligada a tomar acción ni a forzar remedios.

En el caso de AES Puerto Rico, informes de laboratorio han documentado que el vertedero de cenizas ubicado en el barrio Jobos de Guayama ha transferido elementos tóxicos al subsuelo y a los acuíferos del área durante al menos ocho años. Entre estos figuran arsénico, litio y molibdeno: los últimos dos, en concentraciones peligrosamente altas, certificó en un reporte el geólogo Mark A. Hutson, titular de la firma Geo-Hydro.

“Zona de sacrificio”

La EPA también propone cambios aún más polémicos que permitirían a AES y a otras carboneras en Estados Unidos alejar estos pozos de monitoreo de sus vertederos de cenizas. Incluso hasta los mismos límites de sus solares industriales, siempre que el operador demuestre que “no hay probabilidad razonable de daño a la salud y al ambiente”.

De aprobarse esta enmienda al reglamento, la EPA permitiría que el suelo y el agua justo bajo las montañas de cenizas estén severamente contaminados sin que, en papel, se considere una violación de la propia agencia.

Además, el cambio alteraría la lógica de la Regla para el Manejo de Residuos de la Combustión de Carbón (CCR Rule) aprobada en 2015 que, entre sus objetivos, persigue detectar la contaminación lo más cerca posible del lugar donde se origina.

Asimismo, crearía una “zona de sacrificio” dentro del predio industrial, donde lo que se deja de medir o ya no se considera incumplimiento difícilmente se corrige.

De igual modo, este cambio podría crear la falsa impresión de que los vertederos de cenizas ya no envenenan con metales pesados el suelo sobre el que marcan su huella y complicaría aún más la atribución de responsabilidades en futuros litigios, al facilitar la desaparición de pruebas como las logradas en los pasados años.

No obstante, el golpe de gracia es otro.

En su aviso, la EPA también propone abrir una grieta regulatoria para que el vertedero de cenizas de AES Puerto Rico se zafe del escrutinio más estricto.

Según el CCR Rule de 2015, cualquier acumulación masiva y no contenida de cenizas de carbón sobre el suelo se clasifica automáticamente como un vertedero o CCR landfill, lo que obliga a AES Puerto Rico a cumplir con estrictos monitoreos de calidad de agua subterránea y a ejecutar planes obligatorios de limpieza si se detectan contaminantes.

Sin embargo, la EPA de la administración de Donald Trump quiere incorporar a ese reglamento la nueva categoría de “temporary accumulation” y permitir que carboneras con acumulaciones de cenizas supuestamente destinadas a una futura transferencia del lugar -como la Ley 5 le exige a AES Puerto Rico- queden exentas de las reglas aplicables a los vertederos.

Este cambio fue expresamente solicitado por AES mediante una petición formal de nueve páginas, radicada el 31 de mayo de 2017, en la que el abogado de la carbonera, Samuel Boxerman, argumentó que los requisitos de monitoreo y remediación representaban “obligaciones costosas, innecesarias y arbitrarias” para la operación de la empresa en la isla.

De concederse este deseo a la empresa, se desvanecería el monitoreo de agua subterránea, se eliminarían los requisitos de acción correctiva cuando se exceden los estándares de calidad del agua y AES Puerto Rico dejaría de estar sujeta a la disposición del CCR Rule que obliga a los vertederos a aplicar medidas estrictas al momento de cerrar.

Estas incluyen aspectos básicos como cubrir la montaña de cenizas, controlar la infiltración, manejar los lixiviados y mantener el monitoreo poscierre.

Asimismo, se activaría un apagón de información que no solo dificultaría el escrutinio ciudadano y periodístico, sino que también borraría huellas clave para futuros litigios ambientales, al desaparecer justamente los registros y mediciones que permiten atribuir a la carbonera y a sus cenizas responsabilidades por el daño causado.

Lea el primer reportaje de la serie: Ocho años sin freno: AES vuelve a violar límites federales de contaminación.

https://www.periodicolaperla.com/actualidad/epa-abre-la-puerta-para-que-aes-contamine-sin-dejar-rastro/?fbclid=IwdGRleASDSPZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xNzM4NDc2NDI2NzAzNzAAAR53QKs9p1BBCHuMwU_tMMQqML3FmNADsJYsnQMiBrLz89De9b37i9qc4MTEtw_aem_XiAYiPiq3vbNi9mzfuBBEA