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Junta de Control Fiscal: el poder imperial detrás del control energético en Puerto Rico (26 Sept 2026)
El caso Power Expectations expone mucho más que una controversia contractual. Revela cómo la deuda, la privatización y la supervisión fiscal colocan decisiones estratégicas sobre la energía bajo una estructura donde los intereses del capital tienen un peso decisivo.
La JCF puede enfrentarse al gobierno colonial en una disputa particular, pero ambas operan dentro de una estructura establecida bajo el dominio de Estados Unidos.
Por Isabelino Montes
El dominio de Estados Unidos sobre el Caribe no se sostiene únicamente con bases militares, sanciones o presión diplomática. También se ejerce controlando aquello que mantiene funcionando a una sociedad: la energía, sus fuentes de combustible, su infraestructura y los enormes negocios que se construyen alrededor de ellas. En Puerto Rico, ese poder adquiere una forma particular: no necesita imponerse desde afuera porque cuenta con mecanismos instalados dentro de la propia estructura colonial. La Junta de Control Fiscal es uno de ellos.
La controversia alrededor del contrato de Power Expectations permite observar esa relación de manera concreta. Lo que aparenta ser una disputa entre la Junta, el gobierno colonial y varias empresas por un contrato energético de miles de millones de dólares expone una cuestión más profunda: quién tiene capacidad real para decidir sobre un recurso estratégico de Puerto Rico y bajo qué intereses se organiza su producción.
En agosto, la Junta revocó su aprobación de un contrato de $5.9 mil millones y 10 años para producir 400 megavatios de generación temporera, después de que Enchanted Rock afirmara que no autorizó su participación en el acuerdo. Posteriormente, Robert Mujica confirmó que abogados de la Junta habían sostenido conversaciones con funcionarios federales relacionadas con la investigación del contrato.
La JCF insiste en que su papel consiste en verificar que determinados contratos sean compatibles con los planes fiscales y promuevan la competencia. Pero precisamente ahí aparece la contradicción: una función presentada como fiscal termina incidiendo directamente sobre decisiones relacionadas con uno de los sectores estratégicos de la economía puertorriqueña. PROMESA otorgó a la Junta amplias facultades sobre planes fiscales, presupuestos y determinados contratos, mientras sus miembros son designados por el presidente de Estados Unidos.
La Junta puede, por tanto, enfrentarse al gobierno colonial en una disputa particular sin dejar de formar parte del entramado mediante el cual Washington mantiene influencia sobre Puerto Rico. No son necesariamente intereses idénticos ni actúan siempre de manera coordinada. Existen contradicciones, competencia empresarial y disputas por contratos. Pero esas diferencias ocurren dentro de una estructura colonial que coloca decisiones económicas fundamentales bajo un marco establecido por Estados Unidos.
El sector energético hace visible esa estructura. La transformación del sistema eléctrico ha abierto espacios cada vez mayores para operadores privados y para empresas vinculadas a la generación y al suministro de combustible. La discusión sobre Power Expectations debe entenderse dentro de ese proceso más amplio: no solamente quién obtiene un contrato, sino quién termina controlando los activos, la infraestructura y los fondos que sostienen el sistema energético.
Ahí también aparece la particularidad de Puerto Rico frente al resto del Caribe. Cuba y Venezuela enfrentan sanciones, presión económica y confrontación geopolítica estadounidense mediante mecanismos diferentes. Puerto Rico, en cambio, permanece bajo jurisdicción estadounidense y la presión sobre sus estructuras económicas puede ejercerse mediante legislación, deuda, supervisión fiscal y privatización. Son realidades distintas, pero la energía ocupa en todas ellas un lugar estratégico dentro de la disputa por el poder económico y político en el Caribe.
Por eso, reducir el caso Power Expectations a una pelea entre la JCF y el gobierno colonial sería perder de vista lo esencial. La pregunta de fondo es quién controla la energía y para quién funciona ese control. Las empresas pueden competir entre ellas, las instituciones coloniales pueden enfrentarse y la Junta puede cuestionar determinados contratos. Pero mientras la reorganización del sistema energético continúe sometida a la lógica de la deuda, la privatización y la rentabilidad del capital, la población seguirá teniendo un papel subordinado en las decisiones sobre un recurso indispensable.
La energía puede ser, precisamente por eso, un punto de partida para una discusión común entre los trabajadores del Caribe. Las diferencias entre sus sistemas políticos no desaparecen, pero existe una realidad material que atraviesa la región: la necesidad de decidir colectivamente qué se produce, quién controla la infraestructura y hacia dónde se dirige la riqueza generada por la energía.
El problema deja entonces de ser solamente Power Expectations. Se convierte en una pregunta mucho más amplia: ¿quién debe tener el control de la energía del Caribe, los intereses del capital o las necesidades de quienes producen y sostienen la sociedad con su fuerza de trabajo?
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Situación en Puerto Rico 2026 (resumen)
Situación en Puerto Rico 2026, por Berta Joubert-Ceci. Resumen para el Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), diciembre 2026 y para Mujeres en Lucha/Women in Struggle
Nuestro país se está derrumbando a pasos agigantados. Nunca antes esta colonia ha estado tan amenazada a todos los niveles posibles.
La imposición de una “Junta de Supervisión Fiscal”, llamada comúnmente Junta de Control Fiscal, ha intensificado la intervención yanki. Esto, junto al proceso Neoliberal que ocurre también en muchos países, producto del accionar de esa cúpula capitalista internacional, pero que tiene en su dirigencia a la clase multimillonaria estadounidense, está causando enorme sufrimiento al Pueblo con sus Privatizaciones, particularmente de los Servicios Básicos esenciales como la Salud y la Energía.
El gobierno local no es más que un apéndice del gobierno estadounidense y conduce a PR a un abismo profundo.
Es mucho lo que está pasando aquí, y para abreviar, sólo mencionaré, ennumeraré, los hechos más relevantes:
1. Privatización de la Energía – en manos de compañías extranjeras que además son incompetentes. Tanto la Generación (GeneraPR), a manos de una compañía matriz que además que está en bancarrota, New Fortress Energy, no cumple con las tareas por las que fue contratada. Ésta, junto a Luma Energy, la compañía a cargo de la Transmisión y Distribución, han desmantelado el servicio energético y público que teníamos y que había logrado la electrificación, por métodos innovadores a manos de ingenieros puertorriqueños, de cada rincón del archipiélago. Ahora, lo cotidiano es tener apagones frecuentes, fluctuación de voltaje, y hasta incendios provocados por la falta de mantenimiento adecuado del sistema. El resultado ha sido la pérdida de electrodomésticos, equipos electrónicos, cese de operaciones de negocios e incluso de oficinas de servicios médicos, hasta la muerte de personas. Además, el servicio ha aumentado de precio enormemente. Otro aspecto es el ignorar las leyes existentes sobre la energía renovable, que en PR debería alcanzar un 100% para el año 2050. Pero por obediencia de los achichincles locales a los intereses de las compañías de gas estadounidenses, que tienen un exceso de este producto por su proceso de extracción fracturada (Fracking), han impulsado el cambio a gas en vez de solar, hidráulica y eólica, las cuales tenemos en abundancia.
2. Privatización de la Salud – En PR teníamos un sistema público excelente, el Sistema Arbona. Había Centros de Salud comunitarios, Hospitales a nivel del Municipio, a nivel del Distrito, y Centros Médicos a los cuales se referían los casos más difíciles. Los servicios y las medicinas eran gratuitas. Una vez fueron privatizados, se vendieron todos los hospitales menos los 2 Centros Médicos. El servicio de salud pasó a manos de “aseguradoras” privadas que solo tenían el lucro como fin. Como resultado, la salud de la población ha empeorado por la gran dificultad de tener acceso a un cuido adecuado.
3. Educación – Aunque no ha sido privatizada en el sentido estricto de la palabra, sí funciona como tal. Se han cerrado más de 700 escuelas, dejando sin facilidades adecuadas a mucha de nuestra infancia y juventud. Sobre todo en las montañas, donde la transportación es escasa y difícil. A nivel universitario, se ha recortado la asignación histórica del 9% del presupuesto nacional, a un mero 4%. Esto ha provocado el cierre de programas profesionales y de ayudas que por décadas ayudaron a los sectores más empobrecidos lograr una carrera con la cual sus familias podían salir de la pobreza. Por el otro lado, la clase magisterial también ha perdido no solo puestos, sino que sus pensiones están en continuo riesgo, pensiones por las cuales trabajaron toda su vida.
4. Destrucción del ambiente – La clase gobernante local, al igual que el residente de la Casa Blanca en Washington, no cree en la ciencia ni en las leyes. Se guían por el lucro, lo que hace que se pacten contratos mafiosos, corruptos, que retan las leyes vigentes. En PR tenemos leyes de protección del medioambiente, de los recursos de nuestras tierras, del cuido y el acceso a nuestras playas que por mandato son públicas. Sin embargo, se están vendiendo terrenos a multimillonarios extranjeros, privatizando playas, y hasta destruyendo terrenos protegidos por su valor ambiental, hídrico, arqueológico o de uso público. Todo en contra de las leyes vigentes.
Como colonia, nuestra lucha principal va encaminada a la liberación y soberanía de nuestro país. Pero las luchas en defensa del medioambiente, en contra de las privatizaciones y por el bienestar del Pueblo, constutuyen nuestro día a día.
FDIM https://www.facebook.com/Fdim.Widf.Fdif
Mujeres en Lucha/Women in Struggle https://www.facebook.com/womenmujeresinstruggle https://womeninstruggle.org/
Presentación Libro Memorias de la Tribuna Antimperialista, 08 oct 2026
Madres Contra la Guerra denuncia construcción en Roosevelt Roads sin descontaminar y sin avisar el pueblo
COMUNICADO DE PRENSA 15 de septiembre de 2026
Madres contra la Guerra, Sonia Santiago Hernández , portavoz 787-619-5175
Madres contra la Guerra denuncia la contaminación en Roosevelt Roads, el uso de los terrenos para un centro de negocios sin limpiar responsablemente y el uso de $3.2 millones de la UPR para dicho centro
Madres contra la Guerra denuncia enérgicamente que se pretenda asignar $3.2 millones provenientes del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para la creación de un centro de negocios e innovación
científica en Roosevelt Roads sin que se hayan limpiado adecuadamente los terrenos contaminados. Resulta inaceptable que, mientras nuestra Universidad atraviesa una profunda crisis fiscal, enfrenta recortes presupuestarios y necesita recursos para sostener su misión educativa, se desvíen millones de dólares de fondos universitarios hacia iniciativas relacionadas con terrenos que durante décadas estuvieron bajo control militar y que aún representan riesgos para las comunidades.
La Universidad de Puerto Rico necesita esos recursos para educar, investigar y servir al país, no para subsidiar proyectos asociados al antiguo enclave militar de Roosevelt Roads ni para promover un centro
de negocios e innovación científica sobre terrenos que no han sido debidamente descontaminados. Exigimos que esos $3.2 millones permanezcan en la Universidad y sean utilizados para fortalecer la
educación pública, la investigación, los servicios estudiantiles y las condiciones de estudio y trabajo de nuestra comunidad universitaria.
Madres contra la Guerra exige transparencia absoluta sobre los fondos públicos destinados a Roosevelt Roads, la divulgación de los proyectos que recibirían esos recursos, incluyendo la propuesta de crear
un centro de negocios e innovación científica, las entidades beneficiadas y los acuerdos establecidos para su utilización. El pueblo tiene derecho a conocer quién recibe el dinero, para qué se utiliza y cuáles intereses económicos se benefician. Supuestamente “Bluetide”, entidad sin fines de lucro es quien decide el desarrollo en los terrenos devueltos. ¿ Tiene representación del pueblo en su junta de directores ?
¿O es otro embeleco gubernamental ?
Madres contra la Guerra denuncia enérgicamente la permanencia en Puerto Rico de la mal llamada base Roosevelt Roads. No son los caminos de Roosevelt, son los caminos de nuestra gente. Para su construcción, el Departamento de Defensa de Estados Unidos expropió aproximadamente 8,600 cuerdas de terreno entre 1941 y 1943, particularmente en el barrio Guayacán de Ceiba, donde se concentraron desalojos forzosos de familias. Como consecuencia, el municipio de Ceiba perdió cerca del 41 % de su territorio, mientras que Naguabo fue despojado de alrededor de 1.5 millas cuadradas.
Denunciamos la grave contaminación ambiental en la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, así como la inaceptable lentitud en los procesos de limpieza por parte de las autoridades federales de Estados Unidos.
Diversos informes federales han identificado múltiples áreas contaminadas dentro de los terrenos de la antigua base. Después de décadas de presencia militar, las comunidades de Ceiba y Naguabo continúan cargando con las consecuencias ambientales, económicas y sociales de actividades que no escogieron y sobre las cuales tuvieron muy poco control.
Resulta igualmente contradictorio hablar de desarrollo económico e innovación científica mientras permanecen terrenos contaminados y mientras las comunidades que sufrieron las expropiaciones continúan
esperando justicia ambiental y un desarrollo que responda verdaderamente a sus necesidades. Roosevelt Roads no puede convertirse nuevamente en un espacio donde se impulsen negocios, centros de
innovación o proyectos científicos sin garantizar primero la limpieza completa, la seguridad ambiental y la participación vinculante de Ceiba, Naguabo y el pueblo de Puerto Rico.
También exigimos que el gobierno federal asuma plenamente la responsabilidad económica por la descontaminación de los terrenos afectados por décadas de actividad militar. Puerto Rico no debe pagar
por limpiar la contaminación que dejaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ni debe financiar proyectos de desarrollo sobre terrenos que aún no han sido limpiados.
Nuestra organización reitera su oposición a que Roosevelt Roads vuelva a utilizarse para operaciones, ejercicios o actividades militares, así como a que Puerto Rico sea utilizado como plataforma para
intervenciones o guerras contra otros pueblos del Caribe y América Latina.
La verdadera seguridad de Puerto Rico no se construye con bases militares ni con proyectos de negocios e innovación científica levantados sobre terrenos contaminados. Se construye con educación pública, salud, agua, vivienda, protección ambiental, empleos dignos y comunidades fuertes.
Madres contra la Guerra reclama la limpieza completa de Roosevelt Roads antes de cualquier nuevo proyecto, la protección de las comunidades de Ceiba y Naguabo, la defensa del presupuesto de
la Universidad de Puerto Rico y la devolución de estos terrenos para usos civiles que respondan a las necesidades del pueblo.
La Universidad no se desmantela para financiar Roosevelt Roads.
Los fondos de la UPR son para la educación del pueblo.
No se construyen centros de negocios sobre contaminación.
Puerto Rico no es una base militar.
¡Roosevelt Roads para el pueblo, no para la Guerra
