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Madres Contra la Guerra denuncia construcción en Roosevelt Roads sin descontaminar y sin avisar el pueblo
COMUNICADO DE PRENSA 15 de septiembre de 2026
Madres contra la Guerra, Sonia Santiago Hernández , portavoz 787-619-5175
Madres contra la Guerra denuncia la contaminación en Roosevelt Roads, el uso de los terrenos para un centro de negocios sin limpiar responsablemente y el uso de $3.2 millones de la UPR para dicho centro
Madres contra la Guerra denuncia enérgicamente que se pretenda asignar $3.2 millones provenientes del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para la creación de un centro de negocios e innovación
científica en Roosevelt Roads sin que se hayan limpiado adecuadamente los terrenos contaminados. Resulta inaceptable que, mientras nuestra Universidad atraviesa una profunda crisis fiscal, enfrenta recortes presupuestarios y necesita recursos para sostener su misión educativa, se desvíen millones de dólares de fondos universitarios hacia iniciativas relacionadas con terrenos que durante décadas estuvieron bajo control militar y que aún representan riesgos para las comunidades.
La Universidad de Puerto Rico necesita esos recursos para educar, investigar y servir al país, no para subsidiar proyectos asociados al antiguo enclave militar de Roosevelt Roads ni para promover un centro
de negocios e innovación científica sobre terrenos que no han sido debidamente descontaminados. Exigimos que esos $3.2 millones permanezcan en la Universidad y sean utilizados para fortalecer la
educación pública, la investigación, los servicios estudiantiles y las condiciones de estudio y trabajo de nuestra comunidad universitaria.
Madres contra la Guerra exige transparencia absoluta sobre los fondos públicos destinados a Roosevelt Roads, la divulgación de los proyectos que recibirían esos recursos, incluyendo la propuesta de crear
un centro de negocios e innovación científica, las entidades beneficiadas y los acuerdos establecidos para su utilización. El pueblo tiene derecho a conocer quién recibe el dinero, para qué se utiliza y cuáles intereses económicos se benefician. Supuestamente “Bluetide”, entidad sin fines de lucro es quien decide el desarrollo en los terrenos devueltos. ¿ Tiene representación del pueblo en su junta de directores ?
¿O es otro embeleco gubernamental ?
Madres contra la Guerra denuncia enérgicamente la permanencia en Puerto Rico de la mal llamada base Roosevelt Roads. No son los caminos de Roosevelt, son los caminos de nuestra gente. Para su construcción, el Departamento de Defensa de Estados Unidos expropió aproximadamente 8,600 cuerdas de terreno entre 1941 y 1943, particularmente en el barrio Guayacán de Ceiba, donde se concentraron desalojos forzosos de familias. Como consecuencia, el municipio de Ceiba perdió cerca del 41 % de su territorio, mientras que Naguabo fue despojado de alrededor de 1.5 millas cuadradas.
Denunciamos la grave contaminación ambiental en la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, así como la inaceptable lentitud en los procesos de limpieza por parte de las autoridades federales de Estados Unidos.
Diversos informes federales han identificado múltiples áreas contaminadas dentro de los terrenos de la antigua base. Después de décadas de presencia militar, las comunidades de Ceiba y Naguabo continúan cargando con las consecuencias ambientales, económicas y sociales de actividades que no escogieron y sobre las cuales tuvieron muy poco control.
Resulta igualmente contradictorio hablar de desarrollo económico e innovación científica mientras permanecen terrenos contaminados y mientras las comunidades que sufrieron las expropiaciones continúan
esperando justicia ambiental y un desarrollo que responda verdaderamente a sus necesidades. Roosevelt Roads no puede convertirse nuevamente en un espacio donde se impulsen negocios, centros de
innovación o proyectos científicos sin garantizar primero la limpieza completa, la seguridad ambiental y la participación vinculante de Ceiba, Naguabo y el pueblo de Puerto Rico.
También exigimos que el gobierno federal asuma plenamente la responsabilidad económica por la descontaminación de los terrenos afectados por décadas de actividad militar. Puerto Rico no debe pagar
por limpiar la contaminación que dejaron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ni debe financiar proyectos de desarrollo sobre terrenos que aún no han sido limpiados.
Nuestra organización reitera su oposición a que Roosevelt Roads vuelva a utilizarse para operaciones, ejercicios o actividades militares, así como a que Puerto Rico sea utilizado como plataforma para
intervenciones o guerras contra otros pueblos del Caribe y América Latina.
La verdadera seguridad de Puerto Rico no se construye con bases militares ni con proyectos de negocios e innovación científica levantados sobre terrenos contaminados. Se construye con educación pública, salud, agua, vivienda, protección ambiental, empleos dignos y comunidades fuertes.
Madres contra la Guerra reclama la limpieza completa de Roosevelt Roads antes de cualquier nuevo proyecto, la protección de las comunidades de Ceiba y Naguabo, la defensa del presupuesto de
la Universidad de Puerto Rico y la devolución de estos terrenos para usos civiles que respondan a las necesidades del pueblo.
La Universidad no se desmantela para financiar Roosevelt Roads.
Los fondos de la UPR son para la educación del pueblo.
No se construyen centros de negocios sobre contaminación.
Puerto Rico no es una base militar.
¡Roosevelt Roads para el pueblo, no para la Guerra
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PIP radica medidas para cancelar contrato de Genera e investigar futuro de AES, 20 augusto 2026
PIP radica medidas para cancelar contrato de Genera e investigar futuro de AES
La Resolución Concurrente de la Cámara 390 propone cancelar de inmediato el contrato con Genera e iniciar un proceso ordenado de transición debido a la situación financiera de New Fortress Energy.
El portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez Lebrón. (Suministrada)
Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicaron el jueves dos medidas para ordenar la terminación del contrato de Genera PR e investigar la operación futura de la planta de carbón de AES y las gestiones atribuidas al Gobierno para convertirla a gas natural.
La Resolución Concurrente de la Cámara 390 propone cancelar de inmediato el contrato con Genera e iniciar un proceso ordenado de transición debido a la situación financiera de New Fortress Energy, empresa matriz y garante de la operadora. La Resolución de la Cámara 780 ordenaría investigar los planes para AES y su compatibilidad con la política energética de Puerto Rico.
“La continuación del contrato con Genera representa un riesgo para los intereses del pueblo puertorriqueño. La quiebra de New Fortress evidencia que ya no cuenta con la solidez financiera exigida para ser el garantizador de su subsidiaria y tiene serias implicaciones. La importancia de la seguridad financiera del garantizador es esencial para salvaguardar el interés público”, expresó el portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez Lebrón, en declaraciones escritas.
Márquez Lebrón sostuvo que la situación de New Fortress Energy impide que la compañía ofrezca el respaldo financiero requerido para las obligaciones contractuales de Genera. También cuestionó que una empresa vinculada al suministro de gas natural administre las unidades de generación del sistema eléctrico.
“Genera PR propone soluciones y administra el sistema de generación eléctrica en función de los intereses económicos de su matriz y garantizador. Fue también quien propuso la adquisición de generación temporera con combustibles fósiles, principalmente gas natural. Esta insistencia en mantener y ampliar la dependencia de combustibles fósiles resulta particularmente preocupante en el caso de AES, que representa una amenaza ambiental y de salud pública para las comunidades. Mientras se sostiene que AES será convertida próximamente a gas natural, la empresa gestiona fondos federales para modernizar y extender la operación de su instalación de generación a base de carbón”, añadió Márquez Lebrón.
La investigación propuesta deberá examinar la operación actual y futura de AES, las gestiones del Gobierno para una posible conversión a gas natural y las solicitudes de fondos federales para modernizar la planta de carbón.
El portavoz alterno del PIP en el Senado, Adrián González Costa, indicó que la pesquisa también debe determinar quién asumiría unos 655.4 millones de dólares del costo del proyecto que no estarían cubiertos por posibles aportaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos.
La resolución busca establecer si alguna parte de esa cantidad recaería directa o indirectamente sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, el sistema eléctrico o sus abonados.
“El país ha sido testigo y víctima de una cadena de eventos desafortunados desde que el bipartidismo destruyó nuestro sistema eléctrico para luego justificar su entrega al sector privado. Peor servicio, mayor frecuencia y duración de apagones y la tarifa eléctrica cada vez más cara”, manifestó González Costa.
El 15 de agosto, Márquez Lebrón y la portavoz alterna del PIP en la Cámara, Adriana Gutiérrez Colón, solicitaron al presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, la celebración de vistas públicas sobre los contratos de Power Expectations y otras compañías.
Los legisladores sostuvieron en la carta que las controversias relacionadas con Power Expectations exponen posibles fallas en los procesos de evaluación, autorización y contratación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el Negociado de Energía y la Autoridad de Energía Eléctrica.
Las delegaciones del PIP también reiteraron su respaldo al Proyecto de la Cámara 797, que propone devolver el control del sistema eléctrico a una estructura pública con participación ciudadana y cambios en su gobernanza.
El comunicado no incluyó reacciones de Genera PR, New Fortress Energy, AES o el Gobierno sobre las medidas.
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