La comunidad de Punta Bandera prevaleció en su demanda a un desarrollador contra

un proyecto de megadesarrollo que hubiese destruido una de las playas más hermosas y accesibles al pueblo. Pero victorias legales como esta podría ser cosa del pasado, después que la gobernadora firmara una ley que impone una fianza de 10% del valor de un proyecto a cualquiera que piense retarlo.