La medida cameral busca frenar el monopolio del gas natural, proteger la infraestructura de la bahía de San Juan e iniciar una transición energética ordenada ante las alzas históricas en la factura de la luz.
SAN JUAN, PUERTO RICO – Con el fin de detener lo que cataloga como un impacto nefasto a la economía y a la calidad de vida de las familias puertorriqueñas, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, radicó una medida legislativa para dar por terminados todos los contratos vigentes entre el Gobierno de Puerto Rico y la empresa New Fortress Energy (NFE) y sus subsidiarias (Genera PR).
La legislación, denominada Resolución Conjunta de la Cámara 427, instruye directamente a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a iniciar la cancelación inmediata de sus respectivos acuerdos contractuales con NFEnergía LLC, al tiempo que ordena una transición ordenada para sustituir dicha relación.
«El ahorro prometido en la factura de la luz con la entrega del control del muelle a NFEnergía para que construyera el único terminal de gas en el norte de Puerto Rico, junto con la conversión de plantas generatrices a gas y el contrato de suplido a esa misma compañía, nunca se concretó. Por el contrario, estamos pagando la factura de luz más cara en la historia como resultado del control y monopolio sobre el suplido de gas e infraestructura vital cedido a una compañía privada en quiebra que, a su vez, controla el 60 por ciento del sistema de generación eléctrica del país», denunció Márquez Lebrón.
Incumplimientos y sobrecostos
El legislador fundamentó la resolución en una serie de faltas operacionales y contractuales reiteradas por parte de la empresa, entre las que destacan:
1. Incumplimientos continuos en la entrega del gas licuado contratado.
2. Costos millonarios adicionales asumidos por la AEE para adquirir diésel de emergencia ante la falta de suministro por parte de la empresa.
3. Controversias legales y de seguridad vinculadas a la operación de su terminal en la bahía de San Juan.
«Desde los inicios de la relación contractual para el suplido de gas y control del muelle, NFE ha demostrado un patrón de incumplimiento temerario con sus obligaciones a expensas del interés público que le ha costado al país mucho dinero», puntualizó el legislador.
Impacto directo en comercios, salud y comunidades
Márquez Lebrón advirtió que las fallas del sistema energético no solo se reflejan en las tarifas residenciales, sino que han asestado un golpe letal al desarrollo comercial y a los servicios esenciales del país. Entidades comerciales atribuyen a estas alzas el cierre de miles de pequeños y medianos comercios, provocando la pérdida de decenas de miles de empleos, además de encarecer drásticamente el funcionamiento de hospitales, centros de salud y los costos de mantenimiento en condominios residenciales.
Asimismo, la resolución subraya la urgencia de rescatar y salvaguardar la infraestructura estratégica de la bahía de San Juan, considerada clave no solo para la generación eléctrica, sino como punto neurálgico para la entrada de alimentos y suministros de primera necesidad para todo el archipiélago.